El sector sanitario privado es un aliado estratégico fundamental del sistema sanitario público y un pilar para que éste garantice la sostenibilidad, la accesibilidad y la equidad del sistema sanitario para toda la población.

La colaboración público-privada se traduce en que aproximadamente el 11 por ciento del gasto sanitario público, cerca de 8.000 millones de euros al año, se realiza por medio de la provisión privada a través de tres mecanismos fundamentales: los conciertos, el mutualismo administrativo y las concesiones administrativas.

El sistema de conciertos es el que representa un mayor porcentaje del gasto, casi el 80 por ciento, y es aquel por el cual el sistema sanitario público concierta con el sector sanitario privado la realización de pruebas diagnósticas, procesos médicos, prestaciones sanitarias o directamente la asistencia sanitaria de una parte de la población a través de conciertos denominados singulares por la asignación de la población a atender, los objetivos asistenciales o la forma de pago.

El sistema de conciertos básicamente desahoga las listas de espera permitiendo dar una asistencia sanitaria allí donde la infraestructura del sistema público es insuficiente, garantizando con ello, el acceso al sistema sanitario a una población que si no estuviera la provisión privada, simplemente, no tendría acceso al mismo. Es decir, el sistema de conciertos, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno, no surge fruto del interés de nadie en particular transfiriendo negocio al sector privado, si no que se genera por la insuficiencia de recursos del sistema sanitario público.

Sea como fuere esa interpretación de dar negocio al proveedor sanitario privado, en esos otros países de nuestro entorno es visto como fuente de creación de empleo y riqueza para toda la sociedad. Hay que destacar, además que el sistema de conciertos que prima en nuestro país es especialmente eficaz por dos motivos: Porque se concierta aquello para lo que el centro está suficientemente dotado y acreditado. Es decir por el sistema de conciertos cada uno hace aquello que puede y tiene que hacer; y porque lo que se concierta no son los procesos mas leves, sino aquellos sobre los que, con independencia de la gravedad, se puede establecer un precio por proceso cierto. Porque lo tanto son objeto de concierto los procesos y no los pacientes.

El mutualismo administrativo es un mecanismo de cobertura que proviene de la época en la que la sanidad se financiaba con las cuotas de la seguridad social, no con impuestos, en el que los beneficiarios, actualmente los mutualistas de la administración pública del estado (Muface), de las fuerzas armadas (Isfas) y de la judicatura (Mugeju), pueden elegir voluntariamente año tras año de quién quieren recibir la atención sanitaria; a través del sistema sanitario público o a través de una entidad de seguro libre. Baste decir para comprobar la satisfacción y el rendimiento del sector sanitario privado, que años tras año más del 85 por ciento elige hacerlo a través de una entidad de seguro libre.

Por este sistema el beneficiario tiene las mismas prestaciones que se tienen a través del sistema público y la aseguradora que lo gestiona tiene que abonar el total de los gastos derivados de la demanda sanitaria que se genere ya sea en la provisión privada o en la provisión pública. Y baste decir para comprobar la eficiencia del modelo, que la prima per cápita que cuesta por cada usuario de este sistema es aproximadamente un 40 por ciento mas barata a través de la entidad de seguro libre. Eso sí, a costa de dejar un margen que puede hacer inviable el modelo a medio plazo.

Sea como fuere, el mutualismo administrativo beneficia por igual a todos los agentes: A la administración pública por el menor coste por asegurado y por suponer un coste fijo controlado al trasladar el coste a la aseguradora. Al sistema sanitario público al suponerle una descarga tanto de gasto como de recursos puesto que los beneficiarios mayoritariamente son usuarios de la provisión privada. Al beneficiario porque tiene libertad para elegir y al sector sanitario privado porque supone unos ingresos mínimos garantizados para las aseguradoras y representa la base de los ingresos de multitud de hospitales y centros, fundamentalmente en provincias, que a su vez son de capital importancia para el sostenimiento del sistema sanitario público allí donde operan, a través de la fórmula de los conciertos.

Por último y actualmente muy en boga por la famosa privatización, las concesiones administrativas. Son un modelo por el cual la administración, por cuestiones de insuficiencia financiera, traslada al sector privado el riesgo de la inversión a cambio de la gestión de un área de población concreta pagada a través de una cápita por habitante, controlando desde la planificación hasta los resultados económicos.

Es un modelo de financiación pública, por tanto sanidad pública a todas luces, que cuenta con un gasto definido y asegurado, suponiendo también un menor gasto para el erario público puesto que obtiene un coste de al menos un 25 por ciento inferior a la media de la cápita de la gestión pública.

En definitiva, las posibilidades que existen de hacer el sistema sanitario sostenible, pasan necesariamente por la realización de reformas que permitan: normalizar la actividad privada con la pública e integrar la provisión en torno al paciente, el cual debe de tener libertad para elegir. En cualquier caso, gestione quien gestione, ente público o privado, la administración debe hacer lo que le es inherente e indispensable, controlar y exigir resultados.